¿Cuándo los Contratos de Naturaleza Temporal se Desnaturalizan?

contrato_trabajo

EXP. N.° 04686-2009-PA/TC
LIMA
CÉSAR ANTONIO
AQUINO LLANOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO
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Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Antonio Aquino Llanos contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 299, su fecha 8 de abril de 2009, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES
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Con fecha 6 de febrero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, solicitando que se lo reponga en su puesto de trabajo, en el cual venía desempeñando de manera ininterrumpida labores de carácter permanente, excediendo el plazo máximo establecido en el inciso a) del artículo 77º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, por lo que sus contratos de naturaleza temporal se desnaturalizaron. Manifiesta que laboró en dicha entidad desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que se le impidió el ingreso a su centro de trabajo, produciéndose un despido incausado que vulnera sus derechos al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario, al debido proceso y a la defensa. Asimismo, solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y de las costas y costos, además de la remisión de los actuados al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 8º del Código Procesal Constitucional.

El Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda alegando que la emplazada, efectivamente, mantuvo una relación laboral en forma continua con el actor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006; que sin embargo no existió despido injustificado ni incausado, puesto que la entidad demandada ha efectuado el pago de los beneficios sociales al demandante por el último período laborado, con lo que se habría extinguido su vínculo laboral. Señala, además, que el vínculo laboral también se extinguió por el vencimiento de su contrato, de conformidad con el artículo 16º del Decreto Legislativo N.º 728, y en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N.º 361-2006-RASS, de fecha 28 de junio del 2006.

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24 de octubre de 2007, declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que el demandante ha venido desempeñando funciones de carácter permanente y no temporal, por un período que supera los 5 años, límite al que se encuentran sujetos los contratos modales, por lo que estos se habrían desnaturalizado originando un vínculo laboral de duración indeterminada.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar que el recurrente cobró sus beneficios sociales, como se acredita con el comprobante de pago presentado por la emplazada, y por estimar que el tiempo que ha laborado el demandante no superó el límite de 5 años al que se refiere el artículo 74º del Decreto Legislativo N.º 728.

FUNDAMENTOS
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1. Debemos señalar que con los alegatos de las partes queda demostrado que el recurrente ingresó a laborar a la Municipalidad emplazada el 1 de enero de 2002, desempeñando el cargo de Operario IV en la condición laboral de obrero; por tanto, el actor ingresó a laborar cuando ya se encontraba modificado el artículo 52º de la Ley N.º 23853, en el sentido que los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

2. En consecuencia, tras haberse determinado que el demandante estuvo sujeto al régimen laboral de la actividad privada, y teniendo en cuenta los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, corresponde evaluar en el presente caso si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.

3. Sin embargo, antes de analizar el fondo de la controversia, cabe resaltar que las pruebas aportadas por la parte emplazada -obrantes de fojas 42 a 62-, como el comprobante de pago de beneficios sociales a los obreros contratados, el Informe N.º 1393-2006-SGRH-GAF-MSS, de fecha 29 de diciembre de 2006, en el que se detalla las liquidaciones supuestamente realizadas a los obreros contratados con el detalle de las cuentas de ahorros en las que se les habría depositado éstas, y las resoluciones de alcaldía que autorizaron la contratación del recurrente y de otros obreros, son documentos que no acreditan fehacientemente que el demandante haya cobrado su liquidación de beneficios sociales; ello porque solamente contienen una relación en la que figura su nombre y apellidos, un número de cuenta de ahorros, y el monto que supuestamente se le habría depositado, mas no figura su firma dando su conformidad de haber cobrado sus beneficios sociales.

Delimitación del petitorio
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4. En el presente caso, el recurrente pretende que se lo reincorpore en su puesto de trabajo como Operario IV de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; asimismo, solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y las costas y costos, además de la remisión de los actuados al Ministerio Público de acuerdo al artículo 8º del Código Procesal Constitucional.

Análisis de la controversia
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5. El actor ha sustentado su pretensión en la desnaturalización de sus contratos de trabajo sujetos a modalidad por la causal regulada en el inciso a) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR; sin embargo, dicha causal no resulta aplicable al presente caso, en razón a que el período laborado por el recurrente, es decir, del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006, coincide con el plazo máximo de 5 años regulado por el artículo 74º, en concordancia con el artículo 58º del mencionado Decreto Supremo n.º 003-97-TR .

6. El contrato de trabajo por necesidades del mercado es de duración determinada, ya que tiene como elemento justificante para su celebración la existencia de una causa objetiva de carácter temporal, ocasional o transitoria que implica una necesidad de la empresa de aumentar su productividad; esto es, que para determinar su celebración se deberá precisar en qué consiste la variación coyuntural en la demanda del mercado que genere una necesidad temporal de contratación de personal, por no poder satisfacerse aquella variación con su personal permanente, pudiendo desempeñarse incluso labores ordinarias o propias del empleador, de conformidad con el artículo 58º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, TUO.

7. Por consiguiente, si en los contratos de trabajo por necesidades del mercado no se señala la causa objetiva originada en una variación sustancial de la demanda del mercado, o si al señalarse dicha causa, ésta no posee un carácter coyuntural o temporal, sino más bien permanente, debe entenderse que dichos contratos habrían sido simulados y, por ende, desnaturalizados, por lo que debe partirse por analizar la naturaleza de la causa objetiva de los contratos por necesidades de trabajo.

8. El recurrente suscribió con la emplazada los contratos de trabajo de fojas 16, 17, 18 y 19, en la modalidad de necesidades del mercado, apreciándose en la cláusula primera (Objeto de contrato) que la emplazada pretende justificar la utilización de la mencionada modalidad contractual por la supuesta necesidad de “(…) atender las constantes solicitudes de los vecinos sobre la mejora en los parques y jardines del distrito, para cuyo efecto se debe contratar personal en forma temporal.”; no obstante, no ha cumplido con la obligación de explicitar en qué sentido el supuesto incremento es realmente coyuntural o circunstancial y no permanente; por el contrario, en los contratos se alude a “(…) solicitudes constantes de los vecinos (…)” (resaltado nuestro); tampoco se ha demostrado que dicho incremento sea realmente sustancial, y que, por ello, no pueda ser atendido por el personal permanente de la Municipalidad emplazada; por consiguiente, se puede concluir que la emplazada ha contratado al recurrente utilizado inválidamente esta modalidad contractual, para atender una necesidad permanente y no coyuntural de mano de obra.

9. En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato de trabajo del demandante, éste debe ser considerado como uno de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77° del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifique al no permitirle su ingreso a su centro de labores, se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, por lo que en mérito de la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando en su centro de trabajo.

10. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la Municipalidad emplazada ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales deben ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

11. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir, resulta pertinente reiterar que éste, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, no es viable a través del proceso de amparo.

12. Por otro lado, respecto al extremo del petitorio que solicita la remisión de los actuados al Fiscal Provincial en lo Penal, de conformidad con el artículo 8º del Código Procesal Constitucional, cabe precisar que no habiéndose acreditado un ánimo doloso en el despido de hecho ejecutado por la entidad demandada, o indicio alguno que haga presumir la existencia de un delito, dicha pretensión debe ser declarada improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO
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1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección adecuada contra el despido arbitrario; en consecuencia, NULO el despido incausado del que ha sido víctima el demandante.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a la protección adecuada contra el despido arbitrario, se ordena a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco que reponga al demandante en su mismo puesto de trabajo, o en otro de igual o similar nivel o categoría, en el término de 2 días hábiles; con el abono de los costos del proceso.

3. Declarar IMPROCEDENTE el extremo en que se solicita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y la aplicación del artículo 8º del Código Procesal Constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

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TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL D. LEG. Nº 728,
LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL (LPCL)
D.S. Nº 003-97-TR

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